La empresa española es, de media, más pequeña que la europea. La principal consecuencia de ser más pequeñas es que su productividad es baja. Debido a sus condiciones, tiene menos acceso al crédito y se financian a tipos de interés más caros, por tanto, dispone de menos recursos para innovar, invertir en mejoras y le cuesta más captar y retener talento.

 De hecho, estas empresas sufren mayores dificultades en la actualidad para encontrar los trabajadores que demandan, lo que frena sus proyectos y producción.

Por otra parte, la burocracia y las cada vez mayores cargas normativas les supone un fuerte obstáculo para su crecimiento. De hecho, cuando comienzan a crecer, uno de los frenos reside en las cargas normativas que soportan al ganar tamaño, unas cargas más exigentes que las que tienen de media las empresas del resto de los países europeos. Además, esta realidad, en lugar de mejorar, se está viendo agravada en los últimos años. Las nuevas obligaciones ESG (ambiental, social y gobernanza), junto a las rigideces que se están aprobando en materia laboral y la política de aumento continuo de costes para las empresas dibujan un escenario hostil para el crecimiento de las compañías españolas.