Daniel Lacalle
DOCTOR EN ECONOMÍA Y PROFESOR DE ECONOMÍA GLOBAL EN IE BUSINESS SCHOOL. AUTOR DE LIBERTAD O IGUALDAD (DEUSTO) Y OTROS LIBROS
La libertad de empresa, más tacada que nunca
Los datos agregados de la economía española distan mucho de la imagen edulcorada que vende el Gobierno. En el último dato publicado por el Ministerio de Empleo, se muestra que en España se destruyeron 11.200 empresas cotizantes en el mes de agosto de 2024 y que hay 51.500 menos que cuando Sánchez llegó a La Moncloa.
Los propios datos del índice de cifra de negocios empresarial reflejan una tasa anual negativa (-2,7% en la serie original, según el INE). Este mal desempeño se une a una caída en 2023 del 5,9% en la serie original.
La fiscalidad extractiva y un ataque constante a la actividad empresarial generan graves problemas de inversión en nuestro país. La cuña fiscal a las empresas vía Impuesto de Sociedades y cotizaciones empresariales ya alcanza el 12,2% del PIB, cuando en la media de la Unión Europea es del 10,4%.
Según el Índice de Competitividad Fiscal 2023 publicado por la Tax Foundation y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), nuestras empresas aportan un 32,4% del total de la recaudación frente a un 25,8% de media en la UE. Esta elevada fiscalidad es mucho más agresiva en términos de tamaño empresarial, ya que en España la mayoría de las empresas (56%) son microempresas y más del 99% son pequeñas y medianas. Adicionalmente, las trabas burocráticas para crear empresas les cuestan 2.580 euros a los emprendedores españoles, según los gestores administrativos, y existe un sobrecoste para autónomos y negocios de 132 millones en 2023, según un informe elaborado por el Consejo General del Notariado (GGN) y la firma Entre Trámites.
El ataque a la libertad de empresa no se limita al coste económico de la carga fiscal y burocrática, sino a las barreras al crecimiento empresarial, el ataque normativo que encarece constantemente el coste de emplear y la enorme cantidad de normativas y legislaciones que frenan la actividad. España es el segundo país donde se dedica más tiempo al año a gestiones burocráticas: 72 trámites anuales, según CEOE y CEPYME.
En el informe Cifras PYME de junio 2023, se muestra que el número total de empresas pequeñas y medianas asciende a 2.941.882, siendo la cifra de grandes empresas sólo de 5.805. Las pymes aumentaron un 0,05% en junio con respecto al mes anterior, y las grandes cayeron un 2,52%. Las microempresas sin asalariados son más de 1.603.500 de un total de 2.947.600 empresas.
El asalto constante a la libertad de empresa redunda en una tasa de paro más elevada, menos inversión empresarial y menor crecimiento de la productividad.
España no es un país de microempresas porque no haya talento o capacidad empresarial. Hemos demostrado que somos capaces de liderar cuando nos lo permiten. El problema de España es que el Gobierno considera a las empresas como un cajero automático al que siempre se le puede exprimir y que siempre tiene margen para soportar más trabas ridículas.
EL ASALTO CONSTANTE A LA LIBERTAD DE EMPRESA REDUNDA EN
UNA TASA DE PARO MÁS ELEVADA, MENOS INVERSIÓN EMPRESARIAL
Y MENOR CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Este asalto a la libertad empresarial y ataque al crecimiento de los negocios tiene un objetivo muy claro: mantener un tejido empresarial débil y dependiente que no levante la voz ni se queje ante una política confiscatoria.
No es extraño que, a pesar de que el INE ha hecho tres revisiones gigantes del pasado y ha descubierto el equivalente a “una Murcia” de PIB, el producto interior bruto solo ha aumentado en 286.048 millones de euros entre 2018 y 2023, y eso disparando el gasto público en 70.648 millones, mientras que el PIB per cápita a precios constantes permanece estancado, y todo ello con un gigantesco aumento de deuda de 388.727 millones y la inyección de fondos europeos de 66.000 millones.
Atacar a las empresas no es una actividad social ni redistributiva. Es un ataque a la prosperidad del país.
Las empresas no son una amenaza, y los empresarios no son los malos. Los empresarios son héroes en un país donde crear una empresa es una actividad de alto riesgo y, si tienes éxito, te penalizan.
Cualquier Gobierno de nuestras comunidades autónomas sabe que con muy pocos cambios se hace mucho bien. En comunidades autónomas como Madrid o Andalucía se ha demostrado que se puede crear más empleo y mantener servicios públicos excelentes con cambios cualitativos, donde la Administración facilite en vez de entorpecer y se dé silencio administrativo cuando se trasladan, y con una fiscalidad más atractiva.
No, España no es un “paraíso” para las empresas innovadoras, como dijo el presidente Pedro Sánchez en Davos en 2023. Es un infierno donde los empresarios se están comportando ejemplarmente para seguir creando empleo y valor.
Caer en la euforia y la injustificada complacencia, como hace el Gobierno, tiene dos efectos perniciosos: por un lado, se llevan a cabo políticas equivocadas y se valoran positivamente por parte del poder político, y por otro, perdemos el tren de competitividad y oportunidades de crecimiento que se van a otros países cercanos. No es sólo el coste antes mencionado, sino el coste de oportunidad de perder el carro de la innovación y la inversión global.
LOS EMPRESARIOS SON HÉROES EN UN PAÍS DONDE CREAR UNA EMPRESA ES UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO Y, SI TIENES ÉXITO, TE PENALIZAN
El nivel de ataque a través de miles de cuchilladas se refleja en el desplome de España en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation de 2024. España se ha hundido a niveles de hace más de 25 años, algo no visto en economías similares. España pierde diez posiciones para situarse en el puesto 55, por debajo de la media de la OCDE y la UE.
Este desplome de la posición de España en libertad económica ha sido ignorado por los economistas cercanos al Gobierno porque afirman que se ganan puestos en ese índice recortando los servicios públicos. Es falso. Entre los países con más libertad económica se encuentran economías con una importante red social. Dinamarca, Irlanda, Suiza y Países Bajos lideran la lista. Son naciones que saben que se necesita premiar y atraer la riqueza para tener un estado de bienestar sostenible. España, sin embargo, se descuelga de la media y empeora en libertad económica y de manera alarmante en libertad empresarial. En libertad de empresa, cae hasta el puesto 24 de los 43 países más desarrollados.
Explicaba el profesor Jesús Huerta de Soto que el socialismo es “todo sistema de agresión institucional y sistemática en contra del libre ejercicio de la función empresarial” (2010). Hoy vivimos un sistema completamente socialista donde se ponen más barreras que nunca a la libertad empresarial y, además, se culpa al empresario —que en España es un trabajador más, en su inmensa mayoría— de los males que deja una política miope y sectaria.
Lo más vergonzoso es que el Gobierno se vanaglorie de estas cifras, de ser el país con la mayor tasa de paro y de infraempleo de Europa, que en 2023 liderará la tasa de riesgo de pobreza y exclusión de la eurozona, y esté a la cabeza en el Índice de Miseria de Okun y a la cola en atracción de inversión extranjera.
Se puede revertir este problema rápidamente. Una autopista administrativa y la eliminación de normas innecesarias con una Administración Pública que tenga objetivos claros para facilitar la actividad y se le remunere por su capacidad de acelerar, no de frenar. Una fiscalidad orientada al crecimiento que no penalice la inversión y la actividad empresarial. Según un estudio del Banco de España, nuestro país tiene una fiscalidad más negativa que la media de la UE en capital, inversión y empleo. Otro factor de enorme riesgo es el constante ataque a la propiedad privada.
SEGÚN UN ESTUDIO DEL BANCO DE ESPAÑA, NUESTRO PAÍS TIENE UNA FISCALIDAD MÁS NEGATIVA QUE LA MEDIA DE LA UE EN CAPITAL, INVERSIÓN Y EMPLEO
Para cambiar todo esto no sólo es necesario un cambio de Gobierno, sino el convencimiento inequívoco de que hay que llevar a cabo las reformas necesarias que incluyen la derogación completa de leyes y subidas de impuestos dañinos. No sólo se trata de aliviar, sino de hacer un cambio estructural, porque, si no, en pocos años se volverá a atacar a la empresa.
No existe el sector público o los servicios estatales sin un sector privado potente y rentable. Atacar a las empresas no es progresista; es profundamente reaccionario.