Daniel Lacalle
DOCTOR EN ECONOMÍA, PROFESOR DE ECONOMÍA GLOBAL EN IE BUSINESS SCHOOL Y ECONOMISTA JEFE EN TRESSIS SV.
Los escollos al crecimiento empresarial, un problema muy grave
Siempre se dice que España es un país de Pymes, y es cierto, pero si fuéramos más rigurosos diríamos que es un país de microempresas. Según el Ministerio de Industria y Turismo, el número total de empresas pequeñas y medianas es de 2.921.277 (0-249 asalariados) y las grandes empresas (250 o más asalariados) son solo 5.684 (Estructura y dinámica empresarial en España, 2024). Del total de 2.926.961 empresas, el 38% son microempresas. Cabe resaltar que el tamaño medio de las empresas en España es notablemente inferior al de los países comprables. España es el país de la UE con más porcentaje de empresas pequeñas, más del 99% del total. No podemos olvidar que el 94% de las sociedades empresariales españolas tienen una media de 1,7 empleados, según el Informe de Crecimiento empresarial (CEPYME).
El menor tamaño empresarial en España con respecto a otros países de la Unión Europea no es una fatalidad, una maldición o culpa de la falta de talento emprendedor, es culpa de un sistema regulatorio y fiscal que entorpece el crecimiento empresarial y, con ello, condena a España a ser el país con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, superando a Grecia, Turquía y Ucrania (datos oficiales de febrero 2024). Es especialmente preocupante porque la narrativa gubernamental promulga una euforia que dista en mucho de la realidad.
Según datos del INE, el índice de la cifra de negocios empresarial cayó en 2023 un 3,1%, en un año que se vendió públicamente como un año de fuerte crecimiento. La destrucción de empresas cotizando continúa, 11.900 menos en febrero de 2024 y 42.200 menos que en junio de 2018. Según el Barómetro de Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, unas “700.000 pymes
en España cerraron con pérdidas en 2023, una cifra similar elevó su endeudamiento respecto al ejercicio anterior y unos 600.000 acabaron con problemas serios de liquidez”.
Los datos de paro también son desalentadores. En 2019 Grecia y España tenían la misma tasa de paro, 14,8%, y en febrero 2024 España lidera el paro de la UE (incluido el polémico cambio normativo de los fijos discontinuos inactivos) y Grecia lo ha bajado al 9,4% (sin hacer ese cambio normativo). El paro efectivo, según Fedea, no solo no ha bajado desde diciembre 2019, sino que ha aumentado. El número de desocupados apuntados al SEPE sube en 7.702 en febrero hasta los 3.315.369 y todavía hay 10.672 personas en ERTE. El paro efectivo, paro oficial más desocupados con relación laboral, ha aumentado en 100.000 personas desde 2019. n 2019 Grecia y España tenían la misma tasa de paro y ahora España lidera el paro de la UE (con maquillaje de fijos discontinuos
inactivos) y Grecia lo ha bajado al 9,4% (sin maquillaje).
Efectivamente, el paro efectivo en diciembre de 2019 era de 3.464.921 personas, un paro “oficial” de 3.163.605 y una cifra de demandantes de empleo con “relación laboral” incluidos fijos discontinuos inactivos de 301.316. El paro efectivo en febrero de 2024: 3.546.206, un paro oficial e 2.760.406 y demandantes de empleo “con relación laboral” incluidos fijos discontinuos inactivos de 785.800.
Es decir, según datos de Randstad el paro efectivo ha aumentado con respecto a 2019 y apenas se ha reducido (-0,26%) en un año.
Medidas intervencionistas como la brutal subida de impuestos al trabajo escondida bajo el salario mínimo han llevado a una destrucción de empleo de 432.500, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) con respecto a junio de 2018 recopilados por la consultora Free Market. De hecho, no existe ningún estudio que avale que las enormes subidas de impuestos al trabajo
que supone el alza del salario mínimo supongan una contribución positiva al empleo. Todos los estudios estiman impactos negativos o, en el más optimista de los casos, neutro. Recordemos que el hecho de que se “creen” afiliaciones no significa que no se destruya empleo a la vez. La comparación con países aparentemente más frágiles lo demuestra; dejamos de crear una enorme cantidad de
puestos de trabajo por asfixia burocrática, fiscal y ataque político.
Si añadimos que en España los costes laborales crecen casi cinco veces más que la productividad, se conforma la receta del estancamiento y el alto desempleo perpetuo. La clave para acabar con el paro, mejorar la productividad y, con ello, los salarios reales, es permitir que las empresas crezcan y que el número de grandes empresas aumente a la vez que el tamaño medio de las pequeñas se eleve. Cuando las empresas son más grandes son más productivas y tienen mayor músculo para enfrentarse a los ciclos económicos.
Para solventar el gravísimo problema del paro en España no se necesitan más regulaciones intervencionistas que lo único que hacen es maquillar la realidad del empleo y destruir puestos de trabajo potenciales. Lo que se necesita es dejar crecer a las empresas.
El problema de tamaño empresarial, como explicábamos anteriormente, viene por varios frentes.
En España la actividad empresarial está constantemente atacada desde el poder político con objetivos partidistas. La demonización del empresario y el ensañamiento mediático contra la libertad empresarial son constantes. Las campañas electorales se llenan de ataques -incluso
ad-hominem- a empresarios, empresas y sectores concretos. Esta incesante amenaza lleva a muchos empresarios a intentar escapar del radar quedándose en un crecimiento empresarial muy modesto que no atraiga la ira de la hidra intervencionista. Empresarios que tienen el talento,
calidad y que exportan y compiten como los mejores pero que evitan alcanzar un tamaño crítico, que en mi libro Acabemos con el Paro (Deusto) cifro en facturación de dos millones de euros y 50 empleados, a partir del cual la empresa empieza a recibir visitas de gente a la que jamás había visto con el único objetivo de entorpecer, imponer y confiscar.
Ataque fiscal
Las pymes españolas pagan el cuarto Impuesto de Sociedades más alto de Europa, el sexto tipo marginal máximo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las terceras cuotas sociales más altas para el empleado de la UE. La fiscalidad efectiva de las pymes en España es muy superior a la media de la Unión Europea, según el Instituto de Estudios Económicos y CEPYME. No
solo es un problema de altísimos impuestos directos e indirectos sino de penalizaciones arbitrarias y excesivas. Una discrepancia con la Agencia Tributaria puede conllevar recargos del 100% anual. La presión fiscal es 9 puntos más alta que la de la media de la Unión Europea y las empresas españolas transfieren el 46,9% de su beneficio a Hacienda considerando todos los impuestos, según el índice Paying Taxes.
Ataque burocrático
Las empresas españolas dedican 152 horas al año para cumplir con trabas burocráticas fiscales exigidas por la Agencia Tributaria y las administraciones locales y regionales, según PwC y el Banco Mundial. Las trabas para conseguir una licencia llegan a suponer retrasos de hasta tres años. De hecho, la burocracia española es, además, acumulativa, al añadirse competencias regionales,
municipales y estatales en las que muchas veces hay dictámenes contradictorios. Según el Banco de España y el Módulo de Opinión sobre Entorno Empresarial del INE, la regulación económica es el tercer factor que más penaliza a la capacidad de crecimiento empresarial, con datos de 2019 que habrán empeorado con toda seguridad. España queda muy mal en competitividad regulatoria, dejando a nuestro país en la posición 114 de 141 naciones (Global Competitiveness Report). El Banco de España advertía del “creciente número de regulaciones a nivel estatal y regional, y su elevado grado de complejidad según diferentes indicadores utilizados”.
Como explicaba antes, los problemas de productividad, empleo y crecimiento económico de España confluyen en un problema central; las trabas al crecimiento empresarial. La solución es a la vez sencilla y complicada. Dejar de entorpecer y expoliar al que produce y dejar respirar a los que crean empleo y riqueza. Es triste que los políticos se pasen el día hablando del “modelo nórdico” como su supuesto ejemplo de progreso y a la vez nieguen para nuestras empresas el posicionamiento de esos países como líderes en flexibilidad laboral, facilidad para hacer negocios, libertas empresarial y económica y facilidades administrativas. Parece a veces que los políticos, cuando hablan del modelo nórdico, piensan más en Corea del Norte.
Conseguir que la pequeña empresa española alcance el tamaño medio europeo generaría 1,3 millones de empleos y elevaría el PIB un 5,5%, según Cepyme. Mantener las actuales trabas burocráticas, fiscales y políticas al crecimiento empresarial es la política más antisocial.