Y todo ello, cuando la administración no cae en incorrecciones o errores a la hora de redactar exigencias de solvencia, utilizando un trámite de simplificación burocrática como es la clasificación de contratistas como un control de acceso al mercado, cuando no como una forma de laminarlo y fraccionarlo, como venimos denunciando desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Son administrativas que responden muchas veces a la falta de preparación, pero también de sensibilidad, de los técnicos encargados de redactar pliegos que, cada vez con más intensidad, son objeto de impugnación por los administrados.

Y qué decir del abuso de los medios propios, de las empresas públicas, otro agravante imperdonable al desarrollo digital y verde para nuestro país y al impulso de nuestro tejido productivo.

Todos estos elementos amenazan el progreso, el desarrollo y, con ello, la ejecución final de los Fondos Next Generation EU y los compromisos contraídos con Bruselas.

Para empezar, porque nunca hubo tantos contratos procedentes de las administraciones públicas y, a la vez, menos empresas compitiendo por ellos. La media de licitadores se hundió durante el pasado año hasta los 2,99 para 220.291 contratos públicos, cuando en 2019 había una media de 4,09 empresas para cada uno de los 150.74 contratos. Había menos contratos, pero más licitadores; ahora hay más actividad pero menos ofertantes.

En relación con los medios propios, la CNC ya advirtió de que su empleo desmedido lleva la competencia a su mínima expresión. El aviso llegó de 2021 a 2022, cuando las administraciones dispararon un 77% el uso de las empresas públicas. Y analizando los importes se incrementa la preocupación, pues si en 2021 los casi 1.900 encargos se ejecutaron por valor de 589 millones, al año siguiente esas cantidades crecieron un ¡350%! hasta los 2.631 millones.

Pero el problema no se detiene ahí: más de siete de cada diez encargos a medios propios se concentraron en 14 empresas públicas en 2022. Una situación prácticamente monopolística e inverosímil que aglutina el 71,04% de los 3.346 encargos realizados a medios propios. La competitividad que nos reclaman los retos globales está desaparecida.

En CNC queremos proponer para mejorar. Por eso hemos planteado medidas urgentes para mejorar la contratación pública en un momento de incertidumbre e inestabilidad para tantas empresas.

Así, proponemos volver a la situación anterior a 2015. Antes de esa fecha -cuando se aprobó la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española- en momentos de estabilidad económica y geopolítica, y sin la inflación global de precios que sufrimos hoy, existía un mecanismo de revisión de precios ante las fluctuaciones de costes desproporcionadas de las obras por la energía y materiales, momento en el que era necesario pero menos que ahora, pues la realidad fluctuante e imprevisible que sufrimos desde hace cuatro años navega sin un sistema que permita ajustar los precios de los contratos durante su dilatado plazo de ejecución a la situación actual y real del mercado.

Recordemos que de 2020 a 2021 los precios de los materiales subieron tanto como de 2007 a 2020; y que de 2021 a 2022 subieron tanto como de 2005 a 2020. Un año, lo mismo que 15. Y ahora en 2023 vivimos una estabilización de precios, pero en máximos históricos. Por su parte, la energía experimentó un incremento del 190% desde el año 2020 hasta mediados de 2022.

Una escalada fruto de las tensiones inflacionistas, de creación externa, pero sufrimiento interno, agravada también por la subida próxima al 50% de los gastos generales que soportan las constructoras durante los últimos 20 años para cumplir con nuevas exigencias normativas y medioambientales, sin ninguna medida de compensación por parte del sector público.