Así sucede con las varias decisiones que han empujado al alza los gastos de personal, componente que se viene incrementando notablemente en los últimos años. Primero, por las alocadas subidas del salario medio interprofesional decididas por el Gobierno -50% en seis años, periodo en el que la inflación acumulada ha sido de un 20%-. Segundo, por el aumento de las cargas sociales inherentes al empleo que han incrementado la brecha fiscal o diferencia entre la retribución que percibe un trabajador y el coste que para la empresa supone darle empleo. Recordemos que esta brecha o cuña fiscal existente en España es la tercera más alta de la Unión Europea y supera en un 40% a la media comunitaria.

Qué decir de los costes que supone la exageradamente sobrecargada regulación existente en la economía española, cuestión que por la citada economía de escala exige un especial esfuerzo y mayores gastos relativos a una pyme que a una gran empresa. Similar observación cabe hacer en relación con los requisitos de la Agenda 2030, ese caballo de Troya que la Unión Europea ha infiltrado en su propio seno y que constituye un arma de destrucción masiva de la actividad económica y del empleo.

Y cómo no mencionar los costes inherentes al sistema fiscal vigente España, pues más allá de la sobrecarga tributaria que comporta, su aplicación supone para cualquier empresa un conjunto de tareas y responsabilidades ciertamente significativo. Pensemos en el mecanismo de declaraciones con autoliquidación, en las numerosas obligaciones contables y registrales que han de cumplirse, en todas las declaraciones de carácter informativo que se exigen, y en la obligatoria colaboración en la gestión del IRPF de sus empleados mediante la retención y pago de lo retenido. Sin duda, el reseñado conjunto de tareas supone un mayor esfuerzo y un coste económico superior para una empresa menor que para una mayor.