Existen múltiples razones que explican el comportamiento de las inversiones del empresariado español en los últimos cuatro años. Las razones superficiales son claras. Por un lado, la subida de los tipos de interés desde el verano de 2022 ha ralentizado las operaciones financieras de las

empresas, restringiéndolas al mantenimiento del circulante y la refinanciación de préstamos anteriormente concedidos.

Tal como señalamos en los cálculos del Observatorio Financiero del cierre de 2023 del Consejo General de Economistas, con datos del Banco de España, el grueso de las nuevas operaciones crediticias es de hasta 250.000 euros (+8,1% interanual a cierre de 2023) mientras que

las operaciones de más de un millón de euros caen a un ritmo superior al 20% interanual.

Y, por otro lado, las cuentas de resultados no ofrecen perspectivas demasiado positivas en cuanto a facturación y márgenes. Este punto está enormemente contaminado desde que el Gobierno decidió crear un Observatorio de Márgenes Empresariales en el que la inmensa mayoría de la información es de grandes empresas y alguna mediana, pero donde no se refleja la situación real de las micro

y pequeñas empresas. Eso lleva a tener una percepción distorsionada de cómo en las grandes (y no en todas) los márgenes se han recuperado (con un enorme efecto de empresas que están internacionalizadas y en las que una parte muy notable de sus márgenes proceden de fuera

de España), pero en las pequeñas se está muy lejos de ello y los datos más recientes de Central de Balances son demasiado antiguos (2021). A pesar de esta falta de información, el Banco de España prevé que la facturación vuelva a caer en el primer trimestre de 2024, siguiendo la tendencia casi ininterrumpida del último año.

Estos números y trayectoria macroeconómica se pueden resumir de una forma muy sencilla: los empresarios en España están en modo resistencia en estos últimos años, esperando a que escampe después de una tormenta combinada de factores sobrevenidos y factores político-regulatorio-

fiscales que ponen a prueba su resistencia. España es un país de micro, pequeñas y medianas empresas (más del 99% del tejido productivo) y no tiene el marco más amistoso para hacer crecer de manera relevante el número de empresas medianas y grandes cada año. Es un gran defecto que se agravó ya en 2016 con la decisión inconstitucional sobre las bases imponibles negativas y las

deducciones por doble imposición, y que en las siguientes legislaturas ha seguido empeorando.

La inversión pública, teniendo un peso económico mucho menor que la privada, crece mucho más que la privada (casi un 30% más que en 2020) gracias al Plan de Recuperación europeo, pero incluso así no logra impulsar la inversión privada. Habrá que preguntarse por qué. Y no es difícil dar una respuesta a esta pregunta. Sigamos el rastro del dinero y como hipótesis formulemos la siguiente:

¿Será que el multiplicador del gasto público sobre la inversión privada es negativo? O, dicho de otra forma: es posible que el incremento de la recaudación fiscal procedente de las empresas elimine los incentivos a invertir en España por mucho que la inversión pública se mueva. 

En suma, aunque el consumo -sobre todo público, pero también el privado- sostenga la tasa de crecimiento de la economía española durante 2024, existe un problema de fondo en el mundo empresarial, en su contribución al crecimiento presente (se espera para 2024 apenas un 0,4%)

y, sobre todo, para el crecimiento futuro. El tejido productivo es la solución y el camino para el futuro de España. De poco servirá armar soluciones top-down si no hay actividad empresarial dinámica, sólida y sostenida en el tiempo.