Así, la amenaza nacional es la del crecimiento insano, como he comentado antes, porque si las reglas fiscales hacen que el gasto público tenga que disminuir —que, además, es esencial que disminuya— y el sector exterior deja de aportar tan positivamente, por pérdida de competitividad de nuestras empresas y por disminución de renta de nuestros principales socios comerciales y mercados emisores, la economía caerá, porque el Gobierno, con su política económica intervencionista, ha anulado gran parte de la economía productiva, haciendo que nuestra economía, tristemente, sea sostenida por el gasto público en lugar de ser sostenible por ella misma.

Los datos nacionales más preocupantes son los de la composición del crecimiento, porque tiene un recorrido corto, artificial, basado en el gasto público, que se plasma en una deuda de 1,616 billones de euros, con un déficit estructural que va subiendo hasta el 4%, y con un intervencionismo asfixiante en la economía: impuestos específicos para determinados sectores; incremento peligroso del salario mínimo de manera desorbitada; aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que merma la competitividad de las empresas; ligado a lo anterior, reforma contraproducente del sistema de pensiones, que aumenta su insostenibilidad; intervencionismo en el mercado de vivienda y de alquiler, que intensifica el problema del acceso a la vivienda y sus precios; intento de reversión de la reforma laboral de 2012, incrementando la rigidez en las indemnizaciones por despido, al querer aumentarlas.

Adicionalmente, las guerras existentes hoy en día, con una probabilidad no despreciable de enquistamiento o de agravamiento, pueden provocar tensiones en los mercados y empeoramiento de expectativas que afecten negativamente a la economía. El resultado de las elecciones en EEUU también es un foco de posible perturbación económica, ya que hay elementos, por parte de ambas opciones, que pueden suponer un frenazo a los intercambios económicos, con intervencionismo y aumento del proteccionismo, que puede perjudicar a las pymes exportadoras.

Adicionalmente, la situación presupuestaria no es la más conveniente: aparte de los desajustes estructurales, España no cuenta con Presupuestos Generales del Estado para 2024 y puede que los de 2025 tampoco salgan adelante, con una senda de estabilidad que ha sido rechazada y que su vuelta al Congreso terminó en una retirada de la misma por parte del Gobierno debido a que podía ser rechazada de nuevo. Adicionalmente, esta incertidumbre hace que el Gobierno no haya enviado el ajuste presupuestario que Bruselas exige a los países con desajustes estructurales en sus cuentas, como es el caso de España.

En cuanto a reformas, en España urge una reforma profunda que elimine trabas, reduzca el gasto público de manera drástica, planteando un presupuesto de base cero para salvaguardar los servicios esenciales y acometer una rebaja de impuestos que impulse la economía, además de devolver a España la certidumbre, la seguridad jurídica.

Frente a ello, debe desplegarse toda una política reformista, como he dicho antes, de eliminación de obstáculos, gasto limitado, impuestos bajos, superávit presupuestario para reducir la deuda en valores absolutos, liberalización de los mercados e incremento de la seguridad jurídica.