José María Rotellar
PROFESOR DE ECONOMÍA. DIRECTOR DEL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
La titánica resistencia de las PYMES
El tejido productivo español, desde el punto de vista empresarial, está constituido, como es bien conocido, por un porcentaje mayoritario de pequeñas y medianas empresas, que sin desdeñar a las grandes empresas y multinacionales con las que cuenta la economía española, constituyen la columna vertebral de nuestra economía, pues generan una parte muy importante del empleo y realizan una actividad indispensable para el desarrollo.
En este sentido, las circunstancias de los últimos años no son, precisamente, las más agradables posibles para el desarrollo empresarial, debido a múltiples factores que han acontecido, tanto a nivel nacional como internacional. Todos estos factores han dificultado la actividad empresarial,
pero afectando a todo el conjunto, las pymes son quienes con mayor intensidad han sufrido el impacto negativo de estas turbulencias.
En la anterior crisis, y antes de que, años después, se fomentase una normativa que obligase al pago a proveedores de manera adecuada en tiempo y forma, muchas pymes sufrieron el quebranto que supone no cobrar a tiempo. Muchas empresas de muchos sectores se vieron afectadas por este problema, pero, por ejemplo, en el sector de la construcción, donde muchas eran subcontratistas,
vieron cómo sus cobros se retrasaban en ocasiones más de ciento ochenta días, generándoles tensiones insoportables en su tesorería. Del mismo modo sucedía con la morosidad del sector público, que acumulaba miles de millones de euros sin pagar, impagos que afectaban, en
un porcentaje elevado, a pymes.
El retraso en los cobros es un grave problema para cualquier empresa, pero para una pyme lo es de manera muy especial, porque no tiene la capacidad de negociación que tiene una empresa grande con sus proveedores, para pactar plazos de pago que compensasen el período medio de
pago con el de cobro, ni tampoco tiene fuerza para negociar con las entidades financieras, de manera que tienen más difícil acceso a la financiación, siendo ésta, además, más cara. Todo ello, por tanto, constituyó un grave problema para la supervivencia de las pymes.
Tras la anterior crisis, llegó la originada por el coronavirus. Así, si nos remontamos al año 2020, comienzo de la pandemia, se adoptaron una serie de decisiones inéditas hasta entonces en la economía: por primera vez, se decidía cerrar casi por completo la actividad económica. Esto
dejaba en el aire, de la noche a la mañana, la viabilidad de muchas empresas, especialmente de las pymes, pues se quedaban sin poder realizar la actividad que les generaba recursos, pero teniendo que mantener una serie de gastos fijos que atender mensualmente. Por más que hubiese cobertura a través de los ERTE’s y de las moratorias en los pagos de alquileres, por ejemplo, que, por otra parte, incrementaban el gasto, déficit y deuda públicos, negativo también para la economía, y que diferían los ingresos de los propietarios de locales -algunos de ellos, pymes también, la situación se volvió insostenible. Los créditos ICO movilizados tardaron mucho en llegar a las empresas y las
condiciones no siempre fueron las mejores.
Posteriormente, se ha ido produciendo un incremento de las distintas normativas que regulan la actividad empresarial. Por ejemplo, el incremento del salario mínimo en alrededor de un 55% desde hace cinco años supone un incremento tremendamente elevado para las empresas, que si son pymes puede ahogarlas de manera definitiva, elemento que perjudicaría, además de a la pyme y a todos sus empleados, al conjunto de la economía. Si a ello le unimos que dicho aumento incrementa la base mínima de cotización, los costes laborales que ha de soportar una pyme también se desbordan por ese componente, acrecentado por la reforma del sistema de pensiones que
eleva de manera creciente las cotizaciones sociales, que constituye un incremento permanente de los costes que ha de soportar una pyme. Además, la política fiscal desplegada en el último quinquenio, tremendamente expansiva por el lado del gasto y muy contractiva por el lado de los
impuestos, perjudica a las empresas, sufriendo las pymes, de nuevo, ese impacto de manera más cruda. El aumento de gasto público genera deuda pública, que se financia en los mercados y compite con la financiación a las empresas, de manera que produce un efecto expulsión, al captar
parte de esa financiación y provocar, por incremento de la demanda, el encarecimiento del resto.
Perjudica a todas las empresas, pero, sobre todo, de manera intensa a las pymes, que, como digo, son las que tienen siempre más dificultades para financiarse. Adicionalmente, los diversos problemas de suministros acontecidos, muchos recrudecidos por la incertidumbre geopolítica actual, son potenciales perturbaciones negativas que pueden afectar muy negativamente a las pymes, bien por no contar con las materias primas que necesitan para producir, bien por el encarecimiento, como ya viene sucediendo desde hace, al menos, año y medio, de los
mismos o de los suministros esenciales, como los energéticos. Si a ello le añadimos un clima creciente de inseguridad jurídica, el entorno económico no ayuda al mayor desarrollo de las pymes.
Es cierto que las pymes deben tratar de abrirse internacionalmente, pero eso ni se logra de la noche a la mañana, ni todos los sectores pueden hacerlo o, al menos, hacerlo con la misma intensidad. Por todo ello, el que siga habiendo empresarios con alta capacidad, que decidan arriesgarlo todo y montar una pequeña o mediana empresa, basados en una ilusión, en un proyecto, que redunda
en más actividad y empleo para la economía, constituye una acción que hay que destacar, pues el esfuerzo que tienen que hacer para ello es titánico, venciendo todas las dificultades.