El escenario español de esta hora aparece definido por tres rasgos fundamentales: un Gobierno con un soporte parlamentario precario dependiente de aliados con intereses contrapuestos en cuestiones fundamentales, lo que complica desplegar una actuación coherente; un marcado deterioro del marco institucional del país que genera inseguridad e incertidumbre; una economía asentada sobre unos fundamentos insostenibles. Esta triada de elementos podrá durar más o menos en el tiempo, pero resulta insostenible en términos estructurales: impide abordar los desafíos económicos de España y sentar las bases de un crecimiento sano. Y ello, en un escenario global en plena mutación tecnológica y geopolítica.

A pesar de las afirmaciones gubernamentales, España no es el motor económico de Europa y sus indicadores sociales y económicos no son nada brillantes. Por lo que respecta a los primeros, basta ofrecer algunos datos para ilustrar esa afirmación. La tasa de paro española prácticamente dobla la existente en la media UE-Eurozona; las de riesgo de pobreza y exclusión social, junto a la de carencia material severa están entre las tres más altas de ambas áreas. El PIB per cápita español es 11 puntos inferior al del promedio UE-27 y 15 respecto al de la zona euro. Estos resultados se han producido a pesar del espectacular aumento del gasto público y de la fiscalidad, cuyos objetivos redistributivos sólo tienen una calificación: fracaso. Según Eurostat, España es uno de los tres Estados de la UE en los cuales menos mejoran las condiciones de las personas ubicadas en el quintil más bajo de la distribución de la renta después de impuestos y transferencias sociales.

Esos son a grandes trazos los resultados sociales de la estrategia desplegada en España desde 2019. ¿Cuáles han sido y son los económicos? El INE ha revisado al alza la tasa de crecimiento del PIB en el último quinquenio del 2,5% al 3,6%. A priori, ello mostraría un considerable dinamismo y la fortaleza de la recuperación. Por desgracia, la realidad es muy diferente si se analizan con cierto detalle los componentes básicos de esa dinámica expansiva.

El 70% del incremento del PIB entre 2019 y 2023 se debe al aumento del gasto público (consumo e inversión), que no tiene parangón en ningún otro Estado de la OCDE y de la UE. Ello se ha visto acompañado por la atonía de los indicadores macroeconómicos del sector privado. De los 1,1 puntos adicionales de crecimiento sobre su estimación anterior, el gasto de las familias explica sólo 0,15 puntos de ese incremento y la inversión privada 0,35 puntos por el ajuste de la variación de existencias. No se ha explicado si ello se debe a la caída de la demanda o a una decisión voluntaria de las empresas.

El enorme flujo de inmigrantes recibidos por España entre 2019 y 2023 ha producido un incremento de la población del 2,5%, el mayor de toda la UE-OCDE. Ello incide de manera positiva sobre el empleo y sobre el PIB en el corto plazo, pero en el medio-largo se traduce en el estancamiento o en el descenso de la renta per cápita, salvo en presencia de un salto de la productividad; hipótesis de difícil materialización; el grueso de los trabajadores extranjeros está empleado en las actividades donde aquella es menor.

El Gobierno se felicita por la trayectoria del sector exterior. La balanza de pagos por cuenta corriente arroja un saldo superavitario a lo largo de los cinco años de este Gobierno. Ahora bien, ello no pude ocultar: uno, la excesiva dependencia de las exportaciones de servicios no turísticos y turísticos, cuya tendencia es a estabilizarse o disminuir; dos, la debilidad de las ventas de bienes al exterior; tres, la atonía de las importaciones, en especial las de bienes de equipo, claro síntoma de una inversión empresarial con encefalograma plano y, por tanto, una restricción para ampliar la capacidad productiva.