La sobrecarga regulatoria actúa como una barrera de entrada para la creación de nuevas empresas y para el crecimiento de las pequeñas, y favorece a las grandes empresas ya establecidas. Estas disponen de recursos especializados, están familiarizadas con el marco normativo –muchas veces, incluso, mantienen un contacto directo con el regulador–, y su esfuerzo se limita a incorporar las novedades regulatorias. Mientras tanto, un nuevo entrante, con menos recursos, debe aplicar todo el bagaje normativo acumulado a lo largo de los años.

En el caso de las pequeñas empresas ya establecidas, las normas a aplicar se multiplican a partir de un determinado tamaño –50 trabajadores, generalmente–, lo que actúa como un potente inhibidor de su crecimiento. A esto se añade, en el caso de España, el coste de aplicar las diferentes normativas de las diecisiete comunidades autónomas, lo que supone otra barrera al crecimiento empresarial por la vía de la expansión geográfica por el territorio nacional.

Es importante recordar que el reducido tamaño empresarial característico de nuestro país es uno de los factores que dificultan la innovación, la introducción de avances tecnológicos, la gestión profesionalizada de las empresas y su financiación, y es, por tanto, uno de los motivos directos de nuestros malos resultados en cuanto a productividad.

Pero el impacto negativo de la sobrerregulación no se limita al efecto sobre la productividad derivado de la inhibición del crecimiento empresarial. La menor creación de empresas y su dificultad para crecer conlleva una reducción de la competencia y del dinamismo empresarial, anulando de esta manera el fundamental proceso de destrucción creativa característico del capitalismo, por el cual nuevas empresas entrantes más ágiles e innovadoras disputan su posición a las grandes ya establecidas. Este proceso, en el que el papel de las pymes es crucial, se encuentra en la base de la innovación y del surgimiento de nuevas ideas, y, en definitiva, del crecimiento de la productividad y de la vitalidad económica y social.

No obstante, las grandes empresas también sufren las consecuencias negativas de la sobrerregulación: es cierto que el incremento continuo de los costes regulatorios les protege de los nuevos entrantes dentro de su ámbito geográfico, reduciendo la presión para innovar y mejorar su eficiencia, pero, al mismo tiempo, les hace perder competitividad frente a las empresas situadas en países con un marco normativo más laxo.

Por otra parte, se requiere una estructura administrativa para redactar y aplicar las normas, vigilar su cumplimiento, tramitar licencias y permisos, etc. La sobrerregulación es uno de los factores que se encuentran detrás de la hipertrofia estatal que existe a todos los niveles -municipal, regional, nacional y europeo–, que absorbe una cantidad creciente de recursos, incrementando la presión fiscal sobre individuos y empresas, desincentivando aún más la inversión y ahogando también por esta vía el crecimiento empresarial, el dinamismo, el emprendimiento y el proceso de destrucción creativa.

El resultado final es el estancamiento de la productividad y la pérdida de competitividad, además de, en el caso más general de Europa, la pérdida del liderazgo tecnológico e industrial. Y como resultado final de todo ello, el crecimiento de las desigualdades y la pobreza, y el adelgazamiento de las clases medias.