CEPYME muestra su rechazo absoluto al fuerte incremento de las cotizaciones sociales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, sin además haber sido objeto de consulta en el diálogo social, y en un contexto de máxima incertidumbre y fuerte desaceleración económica.
Las Cuentas del Estado para el próximo año incluyen subidas de tipos y de bases de cotización. El aumento del 0,6%, recogido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, supone la primera subida de los tipos de cotización desde la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social. Por otra parte, suben las bases máximas, un 8,6%, y las mínimas, cuyo incremento se determinará con la subida del SMI.
Desde CEPYME, pedimos poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos 5 años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 40%, y las bases máximas cerca de un 20%.
Estas alzas afectan especialmente a las pymes, cuyos costes laborales han registrado crecimientos en los últimos años de más del 6% anual, perdiendo competitividad con nuestros países vecinos. Recordamos que un país con una de las tasas de paro más elevadas de la UE debería incentivar y no penalizar el empleo. De hecho, estas nuevas subidas amplía la brecha fiscal entre los costes soportados por las empresas y los salarios percibidos por los trabajadores
Por otro lado, CEPYME considera que la indexación total y generalizada de las pensiones no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema, especialmente en coyunturas como la actual de bajo crecimiento y alta inflación. Después de que el Gobierno eliminara el factor de sostenibilidad, el único mecanismo de ajuste del sistema español de pensiones se traduce exclusivamente en el aumento de las cotizaciones.
Por ello, y dada la situación actual, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa invita a hacer una nueva reflexión sobre la sostenibilidad del sistema, y evaluar los últimos cambios introducidos en la Ley General de la Seguridad Social a los efectos de garantizar su viabilidad.
